Mª José Vivo, miembro de la Marea de Residencias en Murcia, reclama una ley estatal que regule la gestión de las residencias con un modelo 100% público, que mejore la calidad asistencial de los residentes y que permita acabar con la situación de precariedad laboral de los trabajadores dotándoles de los recursos necesarios para el desempeño de su trabajo en las mejores condiciones posibles.

Mª José perdió a su madre, residente de Caser de Santo Ángel y decidió unirse a la Marea de Residencias para movilizarse para «conocer la verdad y que se depuren posibles responsabilidades». Considera que «la gestión del director de la residencia fue nefasta porque ocultó datos y el Servicio Murciano de Salud actuó tarde». Relata como en esta residencia «hubo días en los que los residentes solo estaban atendidos por la mujer de la limpieza y 2 o 3 auxiliares muy jóvenes», como ante la falta de información sobre la situación de sus familiares internos, acudían con impotencia ante la verja del centro para intentar obtener respuestas, sin conseguirlo. La preocupación en esos momentos de incertidumbre se acrecentaba porque «nos llegaba información de los trabajadores de que habían cerrado la lavandería y la cocina. Pienso que los sedaron y los dejaron encerrados en la habitación. Creían que podían gestionarlo, pero se les fue de las manos». Lamenta el tremendo desenlace que ha tenido que vivir: «hasta seis horas antes de comunicarnos que había fallecido nos decían que se encontraba bien, que ya empezaba a comer y que estaba en un sitio limpio, sin contagios. Pero la realidad fue diferente, tenía una neumonía bilateral prolongada».

Toda esta situación, ha llevado a Mª José a empatizar con diferentes sectores y profesionales en sus reivindicaciones. Reconoce que «estoy comenzando a enfadarme por cosas por las que antes no lo hacía».

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